La violencia contra la mujer es una consecuencia de su incapacidad legal para abortar.
Es muy difícil hacer justicia en un colectivo caracterizado por la incoherencia entre las normas de convivencia (legislación) y las leyes naturales.
Cuando la naturaleza impone al ser humano un instinto y la cultura legisla en su contra, nos enfrentamos a una flagrante contravención. La ley cultural se vuelve naturalmente ilegal.
Razones de fuerza mayor nos imponen que estos desajustes hayan existido, existan y estemos haciendo todo lo posible para que nunca dejen de existir.
Parecería ser que todas las normas que prohíban el daño físico (herida, mutilación, muerte) a un semejante cuentan con el aval de la naturaleza en cuanto a que esa legislación corrobora la conservación de la especie y del individuo.
Sin embargo las normas sobre la propiedad privada convalidan un conflicto que tiene la naturaleza consigo misma: los individuos queremos tener el derecho a ser dueños de todo lo que necesitamos pero no respetamos ese mismo derecho en otras personas.
El caso más dramático es el de la mujer embarazada que desea abortar: ciertas corrientes filosóficas, compuestas por personas (predominantemente masculinas) que aman su derecho a la propiedad privada, aplican su poder político para que esas mujeres no hagan uso del derecho natural que deberían tener sobre su propio cuerpo.
Pero esta nefasta cancelación de un derecho tan fundamental, tiene otras consecuencias.
La violencia que se ejerce sobre las mujeres se debe a que la sociedad, al prohibir que ellas puedan abortar, les está faltando el respeto, las está convirtiendo en seres humanos de segunda categoría, en animales destinados a la reproducción.
¿Quiénes son los abusadores, golpeadores y violadores que perseguimos y castigamos? Aquellos que, al igual que los moralistas, tampoco ven en ellas a personas sino a animales manoseables, castigables, fornicables.
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